Rubén Bustamante, asambleísta por la provincia de Loja, presentó en la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para construir una Agenda Productiva Provincial, la misma que permitirá que los recursos sean invertidos según la realidad de cada provincia solventando la falta de fuentes de empleo, al convertirse en un instrumento obligatorio para los gobiernos provinciales.

La provincia de Tungurahua adoptó como mecanismo el desarrollo de una Agenda Productiva y Competitividad propia, liderada desde el gobierno provincial local agrupando a una amplia base de sectores productivos, pasando del noveno al quinto lugar en generación de productos en el sector de manufactura, antecedida de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. El desarrollo de la manufactura le ha permitido a Tungurahua crear una importante oferta para exportación nacional e internacional, con un promedio que oscilaría los USD 4.000.000 mensuales en ventas, y con destinos como Colombia, Perú, México, Kong, Estados Unidos o Costa Rica.

Una de las problemáticas a atender a nivel de cada provincia, especialmente de la provincia de Loja, es el potencial agroindustrial y los gobiernos provinciales están en la obligación de atenderlo conjuntamente con la participación de actores de la economía popular y solidaria, del sector del emprendimiento y de las entidades de educación superior en cada provincia, logrando la consolidación de su tejido empresarial, su producción, su presencia en el mercado y empleo de calidad, así como la participación de otros sectores, la reducción de la vulnerabilidad ante factores externos, la transformación productiva y la innovación mejorando las condiciones de vida de los habitantes, especialmente de aquellos que dependen únicamente de la producción y exportación de materias primas.

Esta agenda contendrá las inversiones, programas y proyectos con metas concretas a desarrollarse durante cada período fiscal, proyectadas al corto y mediano plazo y deberá ser aprobada por el órgano legislativo en el plazo máximo de treinta días después de aprobado el presupuesto anual inicial del gobierno autónomo descentralizado. Con esto se fortalece, especialmente, a los sectores industrial, agropecuario, comercial y turístico de todo el sistema productivo nacional.

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